Desacuerdo de calificadoras da tiempo a Colombia para ajustar economía

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Mayo 27, 2019 09:29 hrs.

Alfonso Aya › Mundoejecutivo

Economía Nacional › Colombia Bogotá


El jueves pasado finalmente se pronunciaron Moody´s y Fitch Ratings –dos de las tres principales agencias calificadoras– sobre la calificación soberana de Colombia, con un resultado que es considerado por analistas moderadamente positivo.

En primer lugar, ambas agencias mantuvieron la nota crediticia de largo plazo del país en el penúltimo nivel de grado de inversión: Moody´s en Baa2 y Fitch en BBB. Segundo, Moody´s mejoró la perspectiva del país a estable –desde la perspectiva negativa que asignó en febrero de 2018–, lo cual implica que por lo menos en los próximos 12 meses no habría revisiones en la calificación crediticia de Colombia por parte de esta agencia.

Sin embargo, la noticia negativa es que Fitch revisó la perspectiva de estable a negativa, al señalar ’riesgos sobre la consolidación fiscal y la trayectoria de la deuda del Gobierno, el debilitamiento de la credibilidad de la política fiscal, y riesgos crecientes de los desbalances externos’.

La decisión de estas agencias había concentrado la atención del Gobierno y de los mercados, especialmente en los últimos dos meses. Los temores de que alguna de ellas rebajara la nota crediticia del país al último escalón de grado de inversión –como lo hizo S&P en diciembre de 2017– aumentaron luego de que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF) flexibilizó el déficit permitido por la Regla Fiscal para la próxima década, al incorporar un choque sobre el gasto del Gobierno asociado a la migración venezolana; 2018 se generó por una revisión a la baja del ciclo económico.

La reacción posterior de las calificadoras –especialmente de Fitch– evidenció su preocupación por la credibilidad del ajuste fiscal del país.

En este sentido, el hecho de que ambas agencias calificadoras hayan ratificado la nota crediticia del país es una buena noticia, al menos por ahora.

En particular, creemos que el Gobierno ganó tiempo para presentar un plan creíble de ajuste fiscal a mediano plazo, consolidar el proceso de recuperación económica local y continuar el ajuste de las cuentas externas.


Diferentes puntos de vista
Lo más llamativo de los pronunciamientos de Moody’s y Fitch –realizados en la tarde del jueves pasado, con menos de una hora de diferencia entre ellos– tiene que ver con la forma distinta en que ponderan algunos aspectos de la economía colombiana, lo cual se refleja en el contraste de sus decisiones.

Por un lado, Moody’s otorga mayor credibilidad a los ajustes fiscales que el Gobierno prometió realizar –creemos que pesó especialmente el anuncio reciente del Ministerio de Hacienda respecto de lograr un déficit fiscal de 2.4% del PIB en 2019, en vez del 2.7% que permite la Regla Fiscal– y al comportamiento relativo de Colombia respecto a sus pares.

En primer lugar, esta calificadora espera que la recuperación de la actividad económica y los esfuerzos de consolidación fiscal de la administración actual estabilizarán el ratio deuda/PIB en los próximos años –espera un crecimiento económico en el rango 3.0% a 3.5% entre 2019 y 2021, impulsado por la inversión y el consumo privados, y mitigado por un menor desempeño del gasto del Gobierno–.

Además, espera que se alcance un déficit fiscal de 2.7% del PIB este año, gracias a los mayores ingresos generados por la Ley de Financiamiento de 2018, y a la decisión de las autoridades de congelar parte del presupuesto de 2019 para lograr esta meta. Moody’s también afirma que la caída en los ingresos tributarios a partir de 2020 - producto de los beneficios en el impuesto de renta corporativo y las exenciones de IVA de la Ley de Financiamiento– constituye un reto para la consolidación fiscal.

Sin embargo, confía en que las iniciativas para reducir la evasión y los esfuerzos para contener el crecimiento del gasto, soportarán una disminución gradual del déficit fiscal. Su expectativa es que el Gobierno registre superávit primarios que permitan un déficit fiscal inferior a 3% del PIB.

En segundo lugar, Moody’s argumenta que el perfil crediticio de Colombia permanece alineado con el de sus pares de calificación Baa2 y es más robusto que el de países Baa3, incluso después del deterioro posterior al choque de términos de intercambio del periodo 2015-2016.

En particular, espera un crecimiento económico de 3.5% en 2020 – superior al promedio de 2.3% en países con nota Baa3– y que la deuda se estabilice alrededor de los niveles actuales –por encima de la mediana de 44% del PIB de sus pares Baa2 pero inferior al 61% de países Baa3–.

Además, destaca que el pago de intereses de la deuda de Colombia (estimado en 12.2% del ingreso en 2019 y 2020) está alineado con el de Indonesia (Baa2 estable, 13.4%) y Filipinas (Baa2 estable, 12.6%), y es significativamente inferior al de India (Baa2 estable, 22.0%).

Finalmente, la decisión de Moody’s incorpora un panorama en el que los riesgos sobre las cuentas externas permanecerán contenidos. Así, espera que el déficit de la Cuenta Corriente continúe alrededor de 4% del PIB, con la Inversión Extranjera Directa (IED) como una fuente estable de financiación y las reservas internacionales (15.5% del PIB a marzo de 2019) mitigando los riesgos sobre las cuentas externas.

En contraste, Fitch es escéptico sobre el plan de ajuste fiscal del Gobierno, lo cual es consistente con los anuncios que viene realizando desde finales del año pasado.

En efecto, la perspectiva negativa –que implica que podría rebajar la calificación en los próximos 12 a 18 meses– refleja los riesgos para la consolidación fiscal y la trayectoria de la deuda del Gobierno, el debilitamiento de la credibilidad de la política fiscal, y el riesgo creciente de los desbalances externos.

Además, destaca que ’las frecuentes revisiones del presupuesto de mediano plazo en los últimos años, la reciente dilución en el Congreso de medidas permanentes de recaudo de ingresos fiscales en medio de demandas de gasto rígidas y reservas fiscales relativamente bajas, están reduciendo la
predictibilidad y credibilidad de la política fiscal a mediano plazo’.

Señala, por ejemplo, que el Congreso modificó elementos claves de la Ley de Financiamiento que llevaron a que el recaudo esperado sea apenas la mitad del que propuso el Gobierno inicialmente.

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